La dirección del PP respira aliviada tras una semana dura. Tres secretarios generales han declarado ante un juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, por la presunta financiación ilegal de la formación. A pesar de ello, la sensación más extendida es de alivio contenido porque las versiones de los tres han sido coincidentes en dos aspectos fundamentales. Según fuentes de la dirección, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal han confirmado que en el PP no había contabilidad B, ni pagos en negro a sus dirigentes.
Además, los tres han coincidido en levantar un cordón sanitario entre el denunciante y ex tesorero, Luis Bárcenas, y el resto del partido. Así, han hecho totalmente responsables a Bárcenas y a Álvaro Lapuerta de las finanzas del PP y han omitido cualquier responsabilidad de sus superiores.
Eso oficialmente. Entre bambalinas, el desfile de dirigentes ante el Alto Tribunal y, sobre todo, la atribución por parte de Cospedal a Rajoy del pacto económico con Bárcenas no ha hecho sino enfrentar un poco más entre sí a las facciones en las que se está dividiendo el PP: los partidarios de Cospedal y los de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. En medio, ha quedado la vieja guardia que es leal a Javier Arenas.
Un punto en común de casi todos los sectores es alabar la investigación del juez Ruz, a pesar de las declaraciones de esta semana. Y, sobre todo, «su celeridad».
Los más optimistas esperan que esta rapidez procesal pueda llevar a «un rápido archivo» del caso de los papeles de Bárcenas. Si esto ocurriera antes de Navidad, las fuentes consultadas creen que aún habría tiempo para recuperar posiciones y recuperar la confianza perdida de miles de ciudadanos antes de las próximas elecciones: las europeas de mayo de 2014.
Todos en el partido insisten en que la Justicia debe trabajar lo más rápidamente posible, que es intolerable que el caso Gürtel lleve siendo investigado cuatro años y medio y en que cuantas más diligencias se lleven a la práctica antes del otoño, mejor para el PP.
Ayer mismo, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró en una entrevista con Europa Press que el interés del PP es que se diluciden «cuanto antes» los responsables y que éstos paguen por ello «lo más rápido posible». Incluso, se atrevió a asegurar que Ruz está haciendo una «buena instrucción» que ha permitido a Cascos, Arenas y Cospedal «explicar al juez las muchísimas mentiras que el señor Bárcenas ha estado diciendo».
Los populares no parecen temer las nuevas diligencias que posiblemente ordenará el juez y que el PSOE e IU –personados en el caso– van a pedir la próxima semana. Las líneas maestras argumentales las han marcado esta semana los tres secretarios, apuntan.
Pero sí hay quien teme la reaparición de Álvaro Lapuerta tras su convalecencia. La versión de Lapuerta puede ser definitiva para que el caso quede finalmente acotado al área técnica que llevaba las cuentas o para que termine afectando directamente a los secretarios y vicesecretarios generales durante los años investigados.
Varios dirigentes de Génova apuntan que la investigación judicial no tiene mucho más recorrido. Y dan por imposible que se pueda demostrar el cohecho o ningún otro delito como para imputar a ningún dirigente.
Las mismas fuentes admiten, eso sí, que el daño político está hecho y puede seguir produciéndose. Por lo que cuanto antes pase el calvario judicial, mejor.
En el otro lado del tablero político, el Partido Socialista está estudiando estos días qué acciones judiciales y políticas lleva a la práctica y anuncia la próxima semana.
El secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, está en permanente contacto con Elena Valenciano y Óscar López para pergeñar su estrategia. En los primeros días de la próxima semana, calculan los socialistas, anunciarán las «nuevas medidas judiciales y parlamentarias» que el PSOE reclamará tanto en la Audiencia Nacional como en el Congreso.
Entre las primeras, el Partido Socialista –que está personado a través del PSM y del PSPV– pedirá la declaración de Mariano Rajoy y, seguramente, de Ángel Acebes. Ambos como testigos y también como ex secretarios generales del periodo investigado.
Además, el PSOE pedirá al juez Ruz que lleve a cabo careos entre Luis Bárcenas y los tres dirigentes que han comparecido esta semana para que resuelvan cara a cara con el ex tesorero sus supuestas contradicciones.
Valenciano: «¿Qué dice a esto Rajoy?»
> La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se preguntó ayer si Rajoy «tiene algo que decir» después de que la ‘número dos’ del PP, María Dolores de Cospedal, dijese al juez que fue el líder de su partido quien pactó la salida del ex tesorero.
> Valenciano insistió en Facebook en preguntar al presidente del Gobierno después de que Cospedal le «desmintiera» y declarara al juez que «fue Rajoy quien pactó con Bárcenas los términos de una relación que incluía el pago de sus abogados».